- El cambio fiscal y el fin de los dos agravios principales en peaje (AP7, AP2) deben significar una oportunidad para la justicia y la equidad, después de medio siglo en algunas CCAA (especialmente en Cataluña) con peajes como elemento principal de su red básica y otras con vías libres. La nueva fiscalidad sobre la red viaria debe suponer un sistema de financiamiento finalista de la red viaria y de la movilidad en su conjunto. Los ingresos de esta fiscalidad deben repartirse en función de longitud y uso de la red de titularidad de cada CCAA y del Estado.
- Además, la nueva fiscalidad debe tener en cuenta no solamente el mantenimiento de la red sino la superación de los agravios históricos. Esto debe suponer la eliminación de los peajes de la C16 y C32, así como una aportación a la amortización de los peajes en la sombra de la red en este sistema. De lo contrario, nunca será justo.
- La gestión económica de la red viaria catalana con los nuevos ingresos fiscales debe permitir la creación de un agente público específico, dependiente de la Generalitat para el mantenimiento y mejora de la red, con una especial dedicación en otorgar coherencia jerárquica y plena funcionalidad a la red.
- Hay que prever un plan integral de mejora de la red secundaria catalana para hacer la completa y coherente. Hay que atender las carreteras locales más densificadas y peligrosas. El problema es grabe en la periferia metropolitana y en el Vallés en particular por una acumulación de años sin actuación de conjunto. En escala del Vallés hay un conjunto de redes que piden una intervención, ya que son fruto de una inercia histórica sin un plan conjunto para configurarlas como distribuidoras adecuadas de la red básica porque no enlazan correctamente. Los casos de la B124 (Sabadell – Castellar), B140 (Sabadell Santa Perpetua), C1413a y BP1503 (Molins – Rubí – Terrassa) son notables, entre otros.
